La letrada –que acumula quince años de actividad profesional en diferentes áreas del Derecho– intervino en las Jornadas Jurídicas organizadas por segunda edición consecutiva por el Centro de la Mujer del municipio.
Con la experiencia que confieren más de tres lustros en activo y con la vocación de servicio público que demuestra en su vida diaria, la abogada Nuria Domínguez quiso compartir sus conocimientos con los cabanilleros en un intento de acercarles de forma sencilla y directa algunos de los asuntos de máxima actualidad del ‘universo legal’. Y lo hizo participando en las Jornadas Jurídicas organizadas por el Centro de la Mujer hace unos días, compartiendo cartel con Emilio Vega –decano del Colegio de Abogados de Guadalajara– y de la letrada Marta Layna.
En contraposición con la ponencia pronunciada por Vega sobre las tasas judiciales, Domínguez ‘subió al estrado’ para analizar de manera rigurosa y profunda la nueva regulación del derecho a la asistencia gratuita operada por el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero de este año. La abogada determinó los beneficiarios de la norma, definió los requisitos necesarios para acceder a la justicia gratuita y concretó el camino que ha de seguirse para acogerse a este derecho.
La ponente se detuvo de manera especial en los umbrales económicos para acceder a la justicia gratuita, que el Real Decreto de febrero de 2013 ha cambiado y ahora sitúa entre dos y cinco veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar.
En concreto –apuntó Nuria Doínguez– el umbral para acceder a la justicia gratuita de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (14.910,28 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el IPREM (15.973 euros al año) y hasta 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39 euros).
También estarán cubiertos por la justicia gratuita aquellos procesos relacionados con circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, elevándose el límite de ingresos de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65 euros).
Mujeres maltratadas y otros colectivos vulnerables
No eludió la jurista cabanillera algunos de los importantes ‘matices’ que incorpora la norma, como la inclusión de determinados beneficiarios, pertenecientes a “colectivos especialmente vulnerables” como víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como menores y discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato.
También serán beneficiarias de la justicia gratuita –abundó Nuria Domínguez– las víctimas de accidentes de tráfico que sufran secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales.
El asunto que centró la ponencia de la letrada generó gran interés entre el público asistente a la cita, que no cesó de plantear supuestos y casos hipotéticos para conocer la opinión de la experta.