El alcalde propondrá al Pleno una moción contra el cobro de tasas de entidades financieras a fondos municipales

Artículo de José García Salinas respecto a la actitud de los bancos, que pretenden cobrar a los ayuntamientos comisiones del 0,50% por el dinero público de fondos municipales que guardan

El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha anunciado que propondrá al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de una moción institucional, protestando por la actitud del conjunto de las entidades financieras, que están estableciendo comisiones del 0’50% a los ayuntamientos por guardar el dinero público de los fondos municipales.

En la moción, Salinas quiere que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a que legisle para impedir esta práctica, que se está extendiendo en los últimos meses por todos los bancos que operan en el país.

En este sentido, el edil cabanillero ha publicado este viernes una tribuna de opinión titulada “Dinero público, autonomía municipal y bancos”, en la que relata la situación que está encontrando el Ayuntamiento de Cabanillas respecto a estas prácticas bancarias, y que reproducimos a continuación.

Dinero público, autonomía municipal y bancos

Como ocurre en la empresa privada, la gestión económica de una administración pública tiene complejidades burocráticas, técnicas y administrativas que -lo asumo- no siempre son fáciles de comprender para quien no las vive desde dentro. De esta cuestión me di cuenta al poco de llegar a la Alcaldía de Cabanillas del Campo, en el año 2015. Y estoy convencido de que esta reflexión la compartirá cualquier otro alcalde o alcaldesa de cualquier localidad, sea del partido que sea: la velocidad a la que los alcaldes y concejales detectamos las necesidades de nuestros municipios, proyectamos iniciativas, o planteamos actuaciones públicas, es siempre mucho menor de lo que desearíamos. Esto ocurre por varios factores. Por un lado, porque los trámites son tediosos. Por otro, porque la Administración publica está obligada a ser garantista con plazos y alegaciones. También ocurre que la legislación impide -y hace bien- tomar atajos en las contrataciones. Pero sobre todo, sucede porque hace años que se nos constriñe nuestra propia capacidad económica como municipios, y también porque el volumen de trabajo que tienen nuestros consistorios a la hora de planificar licitaciones y concursos es enorme para las ajustadas plantillas de funcionarios y técnicos de las que disponemos.

En la práctica, los ayuntamientos de España llevamos casi nueve años con nuestra autonomía municipal totalmente intervenida. La Ley de Estabilidad Presupuestaria que impulsó en 2012 el Gobierno central vino a imponernos unos ajustes en forma de “techos de gasto” que han seguido prolongándose en el tiempo, para desesperación de equipos de gobierno de cualquier signo político. Básicamente, lo que pretendía y consiguió la conocida como “Ley Montoro” era capar la capacidad de los consistorios para utilizar sus propios recursos, imponiendo unos estrechísimos márgenes a la inversión, ya que los gastos fijos de cualquier ayuntamiento prácticamente reducen al mínimo el montante disponible.

Y así han ido pasando los años. Los alcaldes y alcaldesas hemos visto al tiempo cómo las administraciones central y autonómica sí disfrutaban de márgenes de déficit que se nos negaban a nosotros. Los ayuntamientos hemos tenido (y tenemos) la obligación legal, ya no sólo de buscar el equilibrio presupuestario (algo que sí es lógico y sensato, y que se resume en que no debemos gastar por encima de lo que ingresamos), sino que se nos obliga a guardar dinero. Se nos impone no gastar ni siquiera lo que ingresamos. Ni siquiera lo que necesitamos. Año tras año hemos estado maniatados, sin poder utilizar fondos que pertenecen a nuestros vecinos y vecinas, y que deberían servir para resolver problemas reales que los ciudadanos reclaman, con sobrados motivos la mayoría de las veces.

En el caso del Ayuntamiento que presido, el de Cabanillas del Campo, puedo asegurar que hemos hecho los deberes actuando con responsabilidad, y de acuerdo a lo que se nos imponía desde el Ministerio de Economía. Año tras años hemos cuadrado los ejercicios, ajustándonos a los límites de gasto y cerrando nuestros balances con superávit. Que es una música que suena bien, no lo discuto, pero que en demasiadas ocasiones oculta un serio problema: Teniendo dinero para acometer obras (desde arreglo de asfaltados y acerados, a renovaciones de redes, pasando por reformas en instalaciones públicas, reparaciones, o construcción de infraestructuras necesarias) no hemos podido iniciarlas. Y no por falta de fondos o de voluntad, sino porque la Ley nos lo impedía. Y les aseguro que es difícil explicarle a un vecino que lleva años con su acera en mal estado que no podemos arreglarla porque, incluso teniendo dinero para hacerlo, la Ley nos impide utilizarlo.

Afortunadamente, y tras no poca gresca política y diversas fórmulas fallidas, en los últimos meses parece que la situación ¡al fin! va a cambiar, y el Ministerio de Economía va a permitir a los ayuntamientos una mayor relajación en las reglas de gasto, que permitirá que los ayuntamientos que estamos saneados dispongamos de fondos suficientes para ejecutar inversiones necesarias.

Llegado este punto, sí querría contarles que, en mi municipio, superávit a superávit, arrastrando un año tras otro esta austeridad impuesta, nos hemos encontrado con el hecho de que hoy el Ayuntamiento tiene unos 15 millones de euros depositados en cuentas corrientes de distintas entidades financieras. Y además, he dedecir con cierto orgullo que desde hace tiempo no debemos ni un solo euro en préstamos bancarios, pues los logramos amortizar religiosamente ya en 2019. Pero hete aquí que estas mismas entidades financieras han descubierto en los últimos tiempos una especie de cuadratura del círculo: dado que los tipos de interés están en mínimos, los bancos, uno a uno, están empezando a comunicarnos a los ayuntamientos que, lejos de rentar nuestros depósitos, van a cobrarnos por guardar (y utilizar, supongo) el dinero que las corporaciones depositamos en ellos. O sea, el dinero público, el de los vecinos y vecinas. O dicho de otro modo: los bancos nos cobraban intereses cuando nos prestaban dinero… y nos lo quieren seguir cobrando cuando ya no les debemos nada, cuando de hecho guardan el nuestro; el de todos ustedes. ¿Lo pueden creer?

Son varias las entidades financieras las que ya nos han comunicado formalmente la imposición de tasas de hasta el 0’50% anual por tener en depósito los remanentes del Ayuntamiento de Cabanillas. Les animo a echar el cálculo con los datos de mi pueblo, para no ir más lejos: El 0’5% de 15 millones de euros son 75.000 euros al año. Un dinero que las entidades financieras quieren cobrar a los cabanilleros y cabanilleras por hacer… nada. La aberración llega a tal punto que algunos representantes de estas entidades han llegado a proponerme que, para evitar el cobro, el Ayuntamiento meta sus remanentes en unos fondos de inversión que ellos mismos nos sugieren. Esto es: nos animan a que evitemos este cobro de tasas al módico precio de jugarnos el dinero público en la Bolsa de Mercados. Les aseguro que yo puse la misma cara al escucharlo que la que supongo que tiene usted ahora mismo, al leerlo.

En estas circunstancias, creo que es urgente que el Gobierno central plantee al Parlamento la necesidad de legislar en contra de estas prácticas. Porque hablamos de cobrar comisiones al dinero de todos, al dinero público, que no debemos perder la perspectiva que es un bien a proteger. Creo sinceramente que se debe prohibir taxativamente y por Ley, que ningún agente del sector financiero grave a las administraciones públicas que depositan sus fondos en una de sus entidades… so pena que lo que se pretenda a estas alturas es que volvamos a tiempos en los que los ayuntamientos guardaban legajos y tesorería en vetustas “arcas de tres llaves”.

Por mi parte, como alcalde de Cabanillas del Campo, les anuncio que voy a proponer a los distintos grupos políticos del consistorio que aprobemos una moción institucional solicitando un cambio urgente de la legislación. Mi deseo es contar con el respaldo de todos los partidos con representación en nuestro municipio, y espero que el ejemplo se extienda también al resto de ayuntamientos de la provincia, la región y el país.

José García Salinas. Alcalde de Cabanillas del Campo